Diferentes momentos atravesaron la historia democrática de nuestro país. Desde sus orígenes, el voto era un privilegio reservado para pocos, siendo excluido el pueblo de la participación ciudadana.
A esta altura de los tiempos, la realidad es muy distinta y sabemos que nuestra democracia se sostiene en la elección y la legitimación de los representantes a través del sufragio popular. El acto supremo mediante el cual el pueblo se expresa.
En el año 2009 se sancionó la “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” (Ley Nº 26.571), cuyo eje principal fue la incorporación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la elección de candidatos dentro de los diferentes espacios políticos. La consecuencia inmediata de esta elección es la definición de la lista que representará a cada partido político o frente electoral en las elecciones generales. La implementación de esta ley se llevó a cabo en el año 2011.
En año más tarde, en un acto de ampliación de derechos políticos para la ciudadanía se sancionó la “Ley de Ciudadanía Argentina” (Ley Nº 26.774). Mediante esta, todos los argentinos mayores de 16 años están habilitados, pero no obligados, a votar.
En su primera implementación de 2011, el desempeño de las PASO fue poco auspicioso a la hora de promover la competencia. Ninguna interna fue realmente competitiva debido a que los vencedores se impusieron en general por grandes diferencias.
Este mecanismo ha generado polémica en torno a la constitucionalidad de obligar a los partidos a abrir su competencia interna a todos los electores (incluso los independientes y los afiliados a otros partidos políticos) como así también respecto a la obligación a los electores a participar en la definición de los candidatos propuestos por cada agrupación.
En tiempos donde se discute sobre la importancia y la necesidad de celebrar las PASO, la experiencia uruguaya puede resultar ilustrativa para dimensionar los alcances, efectos y consecuencias de esta instancia electoral. Después de más de 20 años de elecciones internas en el país oriental la participación ciudadana fue mermando y, mientras que los niveles de concurrencia a las elecciones generales se ubican en torno al 90%, en las elecciones internas se reduce drásticamente a menos de la mitad en puntos porcentuales. Además de estos datos fácticos, existen estudios empíricos que muestran que los electores que simpatizan con los partidos políticos y que tienen posiciones ideológicas más extremas, tienen mayor propensión a participar. De estos datos provenientes de estudios previos, se desprende que cuando los electores no están obligados a concurrir a las primarias, existen 2 consecuencias posibles: 1) El abstencionismo aumenta y los candidatos son definidos por un grupo de votantes que es más reducido que los electores habilitados y mucho más grande que los afiliados de cada partido, o 2) ese grupo que termina definiendo las candidaturas es muy distinto al votante promedio.
Con lo dicho hasta aquí surge la siguiente pregunta: ¿el lógico que el Estado financie elecciones para definir los problemas internos de los partidos políticos?
Coherencia política y respeto a la ciudadanía.
En la habitual reunión de los jueves, que Carlos Rovira mantiene con legisladores, funcionarios, intendentes, concejales y dirigentes de toda la provincia, el líder de Encuentro Misionero dejó un título de altísimo impacto político. Con la coherencia política política que requiere estos tiempos y en una muestra de profundo respeto por una ciudadanía que se ha mostrado reacia a la participación desde su implementación, manifestó: “nuestra representación va a votar la eliminación de las PASO en línea con el Gobierno Nacional, porque entendemos que es un acto inútil, no se decide nada”. Y remarcó que “las leyes respectivas de los partidos políticos deben tener en cuenta procesos internos en tiempo y forma, de manera de no desviar la atención del ciudadano”.
En las PASO no hay ganadores y perdedores más allá de los espacios políticos, puesto que los electores definen quienes serán los candidatos de cada agrupación política en las Elecciones Generales a celebrarse posteriormente.
En este contexto, la decisión anunciada por Rovira se fundamenta en una postura histórica del espacio. Cabe destacar que entre 2021 y 2022, la representación misionerista en el Congreso de la Nación ya había propuesto la eliminación de las PASO.
El líder de Encuentro Misionero, siempre consideró que no se puede obligar a la gente a votar en una interna partidaria. Los partidos deben resolver sus diferencias y buscar consensos puertas hacia adentro con sus afiliados sin trasladar sus disputas al resto de la sociedad. El Estado no tiene por qué financiar cuestiones que hacen a la vida interna de los partidos políticos y que en muchos casos sirve para alimentar la vanidad de los dirigentes políticos.
Lo sucedido en las PASO de 2023, sirven para graficar el altísimo nivel de abstención que generan este tipo de comicios. Por primera vez en la historia antes de una elección la Cámara Nacional Electoral emitió un comunicado para exhortar a la ciudadanía a ejercer el derecho fundamental del sufragio. “El próximo domingo 13 de agosto la ciudadanía está convocada a ejercer, con su voto, la forma más directa de participación en el proceso de designación de sus representantes”, rezaba uno de los párrafos del texto.
El comunicado emitido por la máxima autoridad en materia electoral del país fue un claro llamado a votar y se enmarcó en un contexto electoral marcado por el ausentismo, un fenómeno que se convirtió en tendencia en las PASO subsiguientes.
A la luz de lo que ha venido sucediendo en los últimos procesos eleccionarios, queda claro que las PASO son gasto un innecesario y que la coherencia con la voluntad popular es el principal fundamento para eliminarlas.
Por Nicolás Marchiori
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