La moral como política de estado

“Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado”, decretó Javier Milei para este 2026. Sin embargo, en los primeros meses del año esa premisa convive con una agenda atravesada por controversias —caso $Libra, Andis, Espert, Adorni y créditos del Banco Nación— que hacen que el país converja, con una intensidad poco frecuente, en un escenario donde se combinan el deterioro económico, el desgaste político y la erosión de la confianza institucional. En ese marco, la coyuntura deja de ser una sucesión de hechos aislados para transformarse en un proceso acumulativo que condiciona al gobierno nacional.

El frente político-judicial es, en este momento, uno de los más sensibles. La decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, introduce un factor de alta densidad institucional. El avance impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita no solo busca reconstruir eventuales inconsistencias patrimoniales, sino que instala un clima de sospecha sobre una figura central del dispositivo político del gobierno.

La gravedad del caso no se agota en su dimensión judicial. En términos de percepción pública, el impacto es inmediato y medible. Según la consultora Trends, Adorni registra 30% de imagen positiva y 64% de negativa, ubicándose por debajo de dirigentes como Javier Milei, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Victoria Villarruel. En paralelo, CB Consultora Global Data lo ubica aún más abajo, con 27,4% de imagen positiva y 67,2% de negativa, mostrando un deterioro marcado respecto de diciembre, cuando su nivel de apoyo era sensiblemente mayor.

Pero el dato más relevante no es solo su caída individual, sino el efecto sistémico: el 57% de los encuestados considera que el “caso Adorni” empeora la imagen del Gobierno, mientras que una minoría sostiene que no la modifica o que se trata de una sobrerreacción. En otras palabras, el caso deja de ser personal para convertirse en un problema de credibilidad política general del gobierno nacional.

En este marco, la opinión pública acompaña una tendencia consistente de desaprobación hacia la gestión nacional. Según Zuban Córdoba, el Gobierno de Javier Milei registra 65% de desaprobación y 33,9% de aprobación, mientras que el 63,6% considera que el país va en la dirección incorrecta. Esta percepción negativa no es coyuntural: se consolida a medida que la economía deja de mostrar señales de alivio rápido.

El núcleo del problema sigue siendo económico. La inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad estructural para llegar a fin de mes configuran un escenario donde la política económica impacta directamente en la vida cotidiana. El consumo masivo funciona aquí como el termómetro más preciso. Según Worldpanel by Numerator, la frecuencia de compra cayó 8,2% interanual en el último trimestre de 2025 y el volumen retrocedió 4,7%, con un 41% de categorías en baja y una clara migración hacia productos más económicos y canales de cercanía.

No se trata solo de una caída, sino de una reconfiguración del consumo. Los hogares no solo compran menos: reorganizan completamente sus decisiones, priorizando precio por sobre marca, reduciendo frecuencia y ajustando cantidades. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) suma un dato estructural crítico: el 83% de los ocupados presenta algún grado de vulnerabilidad alimentaria. En paralelo, aunque el INDEC registra una baja de la pobreza cercana al 30%, centros como Equilibra y CEDLAS cuestionan la consistencia metodológica de esas mediciones, abriendo un debate técnico con fuerte impacto político.

La economía, en definitiva, no solo condiciona el humor social: lo estructura.

Este deterioro se proyecta inevitablemente sobre la arena política. En escenarios de balotaje medidos por Trends, Axel Kicillof supera a Javier Milei por 45% a 42%, consolidándose como principal figura opositora en términos competitivos. Más allá de la discusión sobre márgenes, el dato central es la pérdida de centralidad electoral del oficialismo en un contexto de desgaste simultáneo entre expectativas y resultados.

El gobierno intenta contener este proceso en medio de una agenda fragmentada y cada vez más defensiva. A las tensiones judiciales se suman controversias vinculadas a créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que reactivaron el debate sobre circuitos financieros bajo análisis. Frente a esto, la estrategia oficial se volvió más cauta: menor exposición pública de funcionarios, centralización de la comunicación y concentración del mensaje en la figura presidencial.

Sin embargo, la política no se vacía: se reordena. Y en ese reordenamiento, las provincias adquieren un rol cada vez más visible.

Misiones es un caso ilustrativo. En medio de la disputa por el sector yerbatero, el contraste entre la visión del diputado provincial de La Libertad Avanza Adrián Núñez —quien niega una crisis estructural— y los productores que describen una situación de rentabilidad crítica expone la distancia entre el relato y la realidad.

En este contexto, el gobierno de Misiones ha optado por una posición de acompañamiento activo al sector productivo, respaldando incluso presentaciones judiciales para recuperar herramientas regulatorias. Esta decisión no es menor: en contextos de retracción nacional, las provincias tienden a convertirse en administradoras del conflicto económico más que en simples ejecutoras de políticas.

En paralelo, la provincia sostiene una agenda de inversión en infraestructura —como la línea de alta tensión San Isidro–Alem–Oberá— que busca amortiguar los efectos del estancamiento macroeconómico. Este tipo de obras refuerza una tendencia federal: el creciente peso de la inversión provincial como sostén de la actividad.

Otro eje de debate se vincula con la cuestión impositiva. En este punto, mientras desde sectores de La Libertad Avanza se cuestiona la carga tributaria provincial, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, aclaró que el reciente fallo de la Corte Suprema no afecta a Misiones y defendió el esquema local bajo criterios de equidad. En ese sentido, se reabre la discusión sobre la coherencia de las políticas fiscales entre Nación y provincias, en un contexto donde las promesas de baja de impuestos aún no se concretan y donde el IVA al 21% continúa siendo un pilar de la estructura tributaria.

En paralelo, distintos indicadores muestran que la gestión provincial mantiene niveles de valoración relativamente altos en comparación con otras jurisdicciones, tanto en la figura del Gobernador como en la del Intendente de Posadas, según encuestas recientes. Sin sobredimensionar estos datos, este fenómeno refleja una dinámica en la que la cercanía con la gestión y la capacidad de respuesta inciden en la percepción ciudadana.

En este marco, la Argentina —y Misiones en particular— se encuentran atravesando una encrucijada cada vez más visible: por un lado, un escenario nacional marcado por la fragilidad económica, el desgaste político y las tensiones judiciales; y por otro, una realidad provincial que busca sostener equilibrios y una agenda de desarrollo en un contexto adverso.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.