El espíritu colaborativo del misionerismo se reafirma en un momento en que el país necesita revalorizar la política y definir en paz los conflictos.
Los senadores misioneros tienen la llave para aportar la diferencia necesaria en el marco de un consenso estratégico que busca darle al presidente Milei las herramientas que pidió para devolverle al país la senda de crecimiento y desarrollo. Una vez con la ley en sus manos, la economía será como quiere el mandatario. Ya nadie le pondrá trabas.
El país se acerca a la definición clave en el Senado de la Nación: si se aprueba o se rechaza la Ley Bases. El presidente Milei está a un voto “misionero” de lograrlo.
Misiones ocupa un lugar central y decisivo en el escenario político nacional. Se anticipó que lo hará “con responsabilidad de gobierno y respetando la democracia”.
El espíritu colaborativo del Frente Renovador volverá a quedar de relieve en un momento donde el país necesita recuperar los acuerdos que revaloricen el rol de la política en la solución de los conflictos económicos, sociales y políticos.
El tema fue analizado el jueves, en la previa de la sesión, en el encuentro encabezado por el activo conductor de la Renovación, Carlos Rovira, con un grupo de dirigentes, diputados y jóvenes pertenecientes a la Renovación Neo. Demostró en ese encuentro Rovira una permanente vocación de seguir promoviendo un “rejuvenecimiento de la renovación” con nuevas ideas, nuevas energías y la construcción constante de un armado que no para nunca de crecer, incorporando ahora a una gran masa de jóvenes libertarios que encuentran en la Renovación el vehículo más ordenado y eficiente para desarrollar sus ideas políticas, participar y llegar hasta los lugares donde se toman decisiones. La alta política sirve como atractivo para los jóvenes como el dulce para las abejas. La renovación NEO recibe de brazos abiertos a libertarios, radicales y nuevos emprendedores o militantes que desean aportar ideas y trabajo para colaborar con el desarrollo de sus comunidades, viendo en el Gobierno la única carretera despejada y en Rovira al dirigente político más generoso que le abre las puertas y les invita a ser responsables de su propio destino, contagiándoles vigorosamente de las doctrinas centrales de autonomía política, austeridad y cercanía con la gente, que este espacio político mantiene desde su fundación.
Una buena para los yerbateros
La producción de yerba mate tuvo una noticia que festejar esta semana, después de cinco meses de negatividades causadas por el desguace del INYM, la desregulación de la actividad y por la masiva importación de yerba de Brasil y Paraguay. La justicia misionera actuando con criterio de sensibilidad social y “justicia”, valga la redundancia, aceptó un amparo y frenó todo el ingreso de yerba, canchada, molida y en paquete, hasta que se tenga sentencia definitiva, aceptando en sus argumentos que podría existir riesgo para los consumidores a raíz de la presencia excesiva de materiales pesados; y por el daño a la economía de los productores misioneros. Fue casi al mismo tiempo en que el gobernador Passalacqua solicitó a la Nación que frene la libre importación y advirtiendo que la yerba mate tiene un mercado imperfecto, con pocos compradores y muchos vendedores, lo que deja en una posición dominante a un puñado de cinco grandes industrias y en clara desventaja a 13.500 productores. Salvo esas industrias, el consenso es generalizado sobre que la “libertad” no funciona para todos y en todos lados ya que existen sectores donde es necesaria la intervención reguladora del Estado.
La Justicia y el gobierno llaman a la reflexión
En este contexto, el gobierno misionero lamentó que las buenas nuevas de la semana “se vieron empañadas por un grupo de agitadores, los mismos de siempre, todos identificados, retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario que están apoyados constantemente por dirigentes de la oposición política, sobre todo el radicalismo, que no persiguen ninguna solución, sino que buscan desestabilizar al gobierno de Hugo Passalacqua”. Esto se puede comprobar en el hecho de que iniciaron la protesta supuestamente con reclamos salariales después que se anunció un incremento para todos, por encima del nivel de inflación, incluyendo a los docentes y al resto de la administración pública. Nadie puede dudar de que los términos de la economía, cuando crece o cuando sufre una crisis, los maneja la Nación, pero ellos insisten en torcer la realidad y tirarle los males del ajuste a la Provincia.
Para colmo, siempre según información de niveles del gobierno provincial, “al no recibir apoyo de nuevos camaradas ya que las comisarías y dependencias policiales funcionan con normalidad en toda la provincia, comenzaron a llevar adelante una serie de acciones que empeoraron su situación ante la justicia, como el robo de vehículos, radios, la toma de instalaciones y otras situaciones que causaron pérdidas millonarias al Estado”. Al respecto, voceros del Gobierno provincial apuntaron que “posiblemente deberán pagar porque, además de las denuncias penales por sedición, hay sanciones económicas graves que se les cargará, de acuerdo al protocolo anti piquetes de la Nación, la denuncia por robo y destrucción de bienes del Estado y una denuncia de los comerciantes de la avenida Uruguay por caída de las ventas o lucro cesante”. “El gobierno presentó las respectivas denuncias; la justicia ya ordenó su desalojo, y la Nación apoyó la decisión judicial poniendo a la Gendarmería de respaldo. De hecho, hay antecedentes de multas millonarias cobradas a gremios de la CGT por desórdenes menores. La intervención directa de un contingente de las fuerzas federales que despliega habitualmente la ministra Patricia Bullrich no pudieron, empero, en la mañana de este domingo recomponer la situación en el Comando Radioeléctrico de Posadas, al cual el gobierno considera tomado, pero los policías que llevan a cabo la acción arguyen que en ningún momento se interrumpió el funcionamiento de la sede policial.
Al mismo tiempo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han expresado su enérgico repudio a estos hechos que, -afirman- “además de ser una clara violación de las normas y regulaciones que rigen el comportamiento de las fuerzas de seguridad, constituyen un acto de sedición que atenta contra los principios democráticos y el Estado de derecho”. “La sedición, definida como la incitación al desorden y la rebelión contra la autoridad establecida, representa una seria amenaza a la paz y estabilidad de la sociedad. La alteración del orden público causada por estos actos genera un clima de inseguridad y temor entre los ciudadanos, quienes confían en las instituciones y en las fuerzas de seguridad para garantizar su protección y bienestar”, expresaron los poderes.
En el plano político, las fuertes tensiones frenaban ayer el diálogo, pero desde el el gobierno aseguraron que éste “sigue dispuesto a dialogar en un contexto de paz social y orden institucional. Nada se resuelve con violencia y mucho menos si proviene de aquellos que han jurado defender el estado de derecho, la seguridad y la paz social; observaron. “Se llama la reflexión al grupo minúsculo de exaltados, que han quedado fuera de la ley, que salgan del desacato y de la sedición que rompen la paz social de una provincia tranquila, con otra filosofía de vida, y regresen a las instancias abiertas para la solución del conflicto”, sostuvo un vocero oficial.
ANG AGENCIA DE NOTICIAS GUACURARÍ
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
RSS