Prioridades que revelan para quién se gobierna

Gobernar es, ante todo, fijar prioridades. No como una definición abstracta ni como una consigna vacía, sino como una práctica concreta y cotidiana: administrar recursos que siempre son escasos y decidir, en ese marco, qué se prioriza cuando no alcanza para todo. Gestionar implica, por lo tanto, ordenar, organizar y disponer con criterio político, interpretando las necesidades de cada momento histórico y actuando en consecuencia, y, para decirlo de manera directa, parafraseando aquella consigna que marcó una época de Bill Clinton: ¡son las prioridades, est*pid*!

Un ejemplo claro de esta lógica se vio en los turbulentos días de 2002, cuando la Argentina atravesaba una de sus crisis más profundas. En ese contexto, el Estado nacional debió administrar recursos mínimos con un esquema de prioridades explícito: primero los jubilados, luego los planes alimentarios y el programa Jefes y Jefas de Hogar, y recién después el resto de los gastos. Ese orden no era casual ni técnico: era una decisión política orientada a sostener la paz social y atender lo urgente.

Aquella experiencia, plasmada en un programa mensual de caja, mostró que incluso en escenarios extremos es posible gobernar con un rumbo definido. No resolvía ningún problema estructural, pero establecía un criterio claro: proteger a los más vulnerables en primer lugar. Esa enseñanza sigue vigente, especialmente en contextos donde la escasez vuelve a ser protagonista.

Hoy, esa discusión reaparece con fuerza. Gobernar vuelve a ser decidir a quién se cuida cuando los recursos faltan, qué políticas se sostienen cuando la economía se contrae y desde qué lugar actúa el Estado frente a la incertidumbre social. No es una discusión teórica, sino profundamente práctica, que se refleja en cada medida concreta.

En Misiones, esa lógica se expresa en decisiones concretas para amortiguar el impacto de la crisis. Aun perdiendo alrededor de 40 mil millones de pesos por mes por la caída real de ingresos —tal como advirtió el ministro Adolfo Safrán—, la provincia sostiene herramientas clave para evitar un mayor deterioro social. En un contexto donde las ventas en supermercados cayeron un 7,6% interanual real en enero, una de las peores cifras del país, programas como los “Ahora” buscan mantener en movimiento el consumo y darle aire al comercio local.

En ese mismo sentido, el sostenimiento del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) no es un detalle menor, sino una política estructural: para miles de familias representa la posibilidad concreta de que sus hijos sigan estudiando. A la par, la salud pública continúa siendo un pilar ineludible, mientras se implementan medidas de alivio como la refinanciación de deudas para trabajadores, jubilados y pensionados, junto con la actualización de asignaciones familiares y ayuda escolar para sostener ingresos golpeados por la inflación. El subsidio a la energía, por su parte, evita que las tarifas queden fuera del alcance de hogares y pequeños comercios.

Pero donde también se ve con claridad una prioridad es en el acompañamiento a la producción y la economía real. Misiones sostiene el apoyo a emprendedores, pequeños comercios y actividades productivas del interior, que son las que mantienen vivo el entramado económico cotidiano. Esto cobra aún más relevancia frente a decisiones nacionales que van en sentido contrario. La desregulación del mercado de la yerba mate, con la pérdida de herramientas del INYM y la eliminación de precios de referencia, dejó a miles de productores expuestos a los sectores más concentrados. El impacto no es abstracto: se resiente la rentabilidad de la chacra, se achica el circulante y se debilita una de las principales bases económicas de la provincia.

Estas decisiones no responden a un contexto de abundancia, sino todo lo contrario. Misiones administra escasez. La caída de recursos impacta en la gestión cotidiana, limita la obra pública y tensiona las negociaciones salariales. Sin embargo, incluso en ese escenario adverso, hay una orientación definida: sostener servicios, ingresos y herramientas que amortigüen el impacto social.

Ese esfuerzo cobra aún más dimensión si se observa el recorrido reciente. Entre 2018 y 2024, la economía misionera acumuló un crecimiento del 5,9%, muy por encima del 0,1% registrado a nivel nacional. Esa resiliencia, sin embargo, no alcanza para blindarse frente a una macroeconomía que enfría el consumo, reduce la recaudación y paraliza decisiones de inversión.

El problema se profundiza cuando las políticas de ajuste no vienen acompañadas de una mejora que compense el costo social. Con el consumo deprimido, la actividad estancada y un malestar que crece en lo cotidiano, la promesa de un futuro mejor pierde fuerza frente a las dificultades del presente. En ese escenario, la política deja de ser un debate ideológico y se vuelve una cuestión concreta de vida diaria.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.