En el marco de la Sesión Pública Especial del Senado de la Nación celebrada el 27 de febrero, el senador por Misiones, Dr. Carlos Arce, expresó su acompañamiento al proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil, al que calificó como “una reforma largamente postergada” y una “deuda moral, institucional y constitucional”.
El legislador recordó que el régimen vigente tiene 46 años y es incluso anterior a la reforma constitucional de 1994 y a la incorporación con jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, sostuvo que actualizar el marco normativo no es solo una decisión legislativa, sino una obligación del Estado argentino.
El proyecto establece un régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años, incorporando garantías propias del sistema acusatorio, medidas complementarias y una progresión de penas que contempla la gravedad del daño causado. Arce subrayó que la iniciativa no equipara a los adolescentes con los adultos, ya que no contempla prisión perpetua y reafirma el carácter excepcional de la privación de la libertad, fijando límites máximos de pena.
“No es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo”, remarcó el senador, al explicar que la reforma busca fomentar la responsabilidad de los adolescentes mayores de 14 años frente a delitos graves, promoviendo la educación, la resocialización y la integración social con el objetivo de reducir la reincidencia.
En su intervención, advirtió que la baja de la edad punible por sí sola no resolverá la problemática de la delincuencia juvenil, ya que las trayectorias delictivas suelen estar vinculadas a contextos de vulnerabilidad social, abandono escolar, economías ilegales y adicciones. Por ello, sostuvo que las soluciones deben ser no sólo normativas, sino también operativas.
Desde una mirada federal, el senador destacó que la implementación efectiva del nuevo régimen exigirá una articulación imprescindible entre el Estado nacional y las provincias, que deberán adaptar o construir institutos adecuados, capacitar recursos humanos y fortalecer equipos interdisciplinarios —con verdadera coordinación entre áreas—, además de preparar a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y el Poder Judicial.
En este punto, Arce hizo especial referencia a la realidad de Misiones, una de las provincias con población más joven del país —con una edad promedio de 28 años según el Censo 2022— y con un 92% de sus fronteras internacionales, lo que implica vulnerabilidades geográficas y sociales específicas que deben ser contempladas en la implementación de la ley.
Asimismo, señaló que la reforma requiere una inversión sostenida en el tiempo. Si bien el proyecto prevé una partida presupuestaria para 2026, el senador consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual que garantice continuidad y eficacia en las políticas públicas vinculadas al régimen penal juvenil.
Finalmente, el Senador por Misiones recordó el testimonio de familiares de víctimas que expusieron ante la comisión plenaria, quienes relataron el “doble sufrimiento” por la pérdida de sus seres queridos y por la sensación de injusticia. “Los delitos graves cometidos por mayores de 14 años no pueden quedar sin respuesta del Estado”, afirmó, y adelantó el voto positivo del bloque Frente Renovador de la Concordia Social “en honor a las víctimas y sus familias”.
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