Argentina es, desde sus orígenes, un país de profundas asimetrías regionales. La distribución del Producto Bruto Interno (PBI) evidencia fuertes contrastes entre provincias, tanto en la cantidad de riqueza que generan como en la calidad de vida que alcanzan sus habitantes. Este fenómeno histórico, alimentado por patrones económicos, demográficos y políticos, constituye una de las claves para comprender los desafíos del desarrollo nacional.
Las diferencias en la Argentina no son solo de paisajes o de clima. Son desigualdades estructurales que se traducen en niveles muy distintos de ingreso per cápita, de acceso a servicios, y de oportunidades productivas y educativas. Analizar cómo se configura esa desigualdad territorial permite dimensionar los problemas de equidad y los límites de un modelo de país que históricamente se ha concentrado en pocas regiones.
Esas desigualdades no son adjudicables a los proyectos políticos que gobernaron o gobiernan esas provincias o regiones, sino más bien al desacople entre el modelo federal que adoptó la Argentina como organización pero que terminó siendo dominado por el centralismo porteño y la Pampa Húmeda.
Un trabajo de la fundación Fundar releva que más de la mitad del PBI argentino se genera sólo en dos jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires (32%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20%). Lejos, les siguen Córdoba (8%) y Santa Fe (7,8%), que completan el núcleo productivo de la Región Pampeana. En conjunto, esas cuatro provincias explican más de dos tercios de la economía regional.
Si se agrupa el análisis por regiones, la Región Pampeana, que incluye el AMBA, concentra el 72% del PBI nacional. El resto del país queda muy relegado: Patagonia (9,5%), NOA (7,9%), Cuyo (5,6%) y NEA (4,9%).
A lo largo de los últimos 130 años, las desigualdades regionales no se redujeron, sino que se profundizaron. Esto configura un mapa desigual, con regiones que concentran la riqueza y la inversión, mientras otras siguen enfrentando obstáculos estructurales para despegar.
La equidad regional, más allá del discurso, siguen siendo una deuda pendiente del federalismo argentino.
A estas particularidades descriptas a nivel regional, debemos sumarle una característica sui generis que tiene Misiones y que la hace diferente al resto de las provincias argentinas: el 90% de sus fronteras internacionales. A la luz del análisis la historia, esta situación no es comprendida por la Nación, incluso es ignorada. La realidad económica que se vive en las regiones de fronteras como en el caso de Misiones no sigue teorías económicas de libros y su análisis tampoco puede reducirse a planillas de excel confeccionadas por burócratas encerrados en una oficina en Buenos Aires. Hay que conocerla de cerca, y vivirla.
Entender estas características es clave para diseñar políticas que promuevan un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible. El país central no nos mira. A esta situación se le suma un condimento adicional: los partidos políticos con anclaje nacional no reflejan con toda claridad esta centralidad de los sujetos de los espacios federales. En el juego político de los partidos nacionales siempre se termina cumpliendo con las agendas de Buenos Aires en detrimento de los verdaderos problemas de los pueblos del interior del país, y vamos a un caso concreto: la desregulación del INYM está produciendo efectos devastadores en los productores de yerba mate que son el eslabón más débil de la cadena productiva de esta economía regional. Sin embargo, los embajadores misioneros de La Libertad Avanza la defienden a capa y espada, aún cuando ven la destrucción frente a sus narices. Con total cinismo y despojados de toda sensibilidad, los referentes libertarios misioneros repiten al unísono que el sector yerbatero “no está en crisis” y que aquellos eslabones de la cadena que enfrentan dificultades “deberán reconvertirse”.
¿Cómo enfrentan las asimetrías de frontera los países en el mundo?
La situación Misiones se repite en otros lugares del mundo, en donde los diferentes gobiernos tomaron medidas para enfrentar esta particularidad y generar condiciones para atenuar los efectos nocivos de esas asimetrías.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de ser la frontera española y europea en el norte de África, son territorios en los que la normativa fiscal española ha concedido beneficios fiscales que no existen en otras regiones de España. La normativa especial aplicada en estos territorios incluye una bonificación del 50% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un tributo directo, personal y progresivo que grava la renta obtenida en un año por residentes. En la Argentina, sería comparable al Impuesto a las Ganancias. Esa bonificación del 50% también se extiende al Impuesto sobre Sociedades para residentes y empresas locales. Pero no son los únicos beneficios fiscales: la normativa sustituye el IVA por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) con una alícuota considerablemente más reducida que el IVA vigente en toda la península; otorga bonificaciones del 75% sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, y también aplican alícuotas reducidas en impuestos especiales como el de hidrocarburos.
México cuenta con incentivos fiscales para la zona de frontera norte con Estados Unidos y frontera sur con Guatemala. El programa incluye una disminución de entre 8 y 16% del IVA, una reducción del 20 al 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la homologación del precio de los combustibles.
En Uruguay, el gobierno instrumentó a finales de 2025 un nuevo marco normativo destinado a mitigar las desventajas económicas en zonas fronterizas con Brasil y Argentina, donde la diferencia de precios afecta tanto al comercio local como a los consumidores. El nuevo régimen aplicado por Uruguay introduce incentivos fiscales, facilidades aduaneras, exoneraciones del 75% de aportes patronales durante 12 meses, el beneficio del Impuesto Especifico Interno a los combustibles y un sistema de reducción del IVA para comercios y cooperativas ubicados en un radio de hasta 20 o 60 kilómetros de los pasos de frontera, según el caso.
Brasil cuenta, desde 2012, con una sistema aduanero especial diseñado para operar en “ciudades gemelas” de frontera terrestre mediante un régimen de lojas francas (tiendas libres de impuestos). La Ley Federal Nº 12.723 habilitó esta herramienta para 33 “ciudades gemelas” en la frontera terrestre brasileña con Argentina, Paraguay y Uruguay.
Misiones entre un planteo histórico, la indiferencia del país central y la connivencia de sus embajadores.
En Misiones necesitamos una política tributaria nacional, que prevea la desigualdad en las estructuras de costos, el impacto de los tipos de cambio, y las consecuencias comerciales, a partir de la desproporción de la dinámica competitiva generada por las asimetrías, y al mismo tiempo considerar la protección del consumidor local, porque al fin y al cabo, eso impacta en el bolsillo, en la heladera, en la olla o en lo que quieran tomar como punto de referencia.
La Provincia enarbola un reclamo histórico de años ante el país central. Un reclamo que en la oposición, algunos por desconocimiento y otros por obediencia a las órdenes impartidas desde Buenos Aires por sus partidos nacionales, genera un tibio acompañamiento para no decir nulo. Kirchneristas, cambiemitas y ahora libertarios, cuando estuvieron en el poder se dedicaron a ignorar sistemáticamente los pedidos elevados por el Misionerismo. Durante su presidencia, Macri tuvo la posibilidad de reglamentar el artículo 10 de la Ley 24.467 (más conocida como Ley Pyme) que establece beneficios impositivos especiales para las pequeñas y medianas empresas en zonas de frontera, un artículo que en su redacción inicial se elaboró junto a comerciantes de Posadas.
El kirchnerismo también le dio la espalda a Misiones: en el artículo 123, el Presupuesto Nacional de 2021 otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para constituir Áreas Aduaneras Especiales. Una iniciativa que había sido respaldada por el entonces presidente Alberto Fernández y que él mismo decidió vetar.
Con Milei al frente del país, la batalla de Misiones continúa. Recientemente, la Provincia volvió a poner sobre la mesa la exigencia de condiciones fiscales diferenciadas para poder competir con Paraguay y Brasil en igualdad de condiciones. La iniciativa busca exenciones impositivas para compensar las asimetrías fronterizas y potenciar el crecimiento económico. Misiones aporta como la octava economía del país, pero a la hora del reparto de la Coparticipación recibe como si fuera la última. En números concretos, Misiones envía 476 mil millones de pesos y la Nación nos devuelve sólo 170 mil millones. Dicho esto, el reclamo es un acto de justicia.
El planteo se vuelve a instalar en la agenda, en un contexto en donde asoma la discusión de la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Milei. A diferencia del pasado, la iniciativa impulsada por Encuentro Misionero no se limita a una herramienta puntual como lo fue la Zona Aduanera Especial que, como dijimos, logró ser aprobada en el Congreso y luego fue vetada por Alberto Fernández, en esta oportunidad lo que se propone es un régimen integral que generaría un impacto directo sobre el consumo, la producción, la inversión y el sistema financiero.
El pedido de Misiones es concreto: reducción del IVA a la mitad (pasaría de 21% a 10,5%, el mismo que rige en Paraguay); baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 15%; eliminación total del Impuesto a los Créditos y los Débitos (Impuesto al Cheque) y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Una medida de alto impacto político: Misiones elimina el cobro anticipado de Ingresos Brutos
El gran caballo de batalla para la construcción narrativa de un vasto sector de la oposición, oportunista y miserable por cierto, fue la vulgarmente llamada “aduana paralela”. Un recurso argumentativo que, en términos discursivos, rindió muy bien a los enemigos del modelo de desarrollo y transformación impulsado por el Misionerismo. “Todo sale más caro en Misiones por culpa de la ‘aduana paralela’ ”, lograron instalar en los empresarios más encumbrados, en los asalariados del sector público cuyo aumentos de sueldos dependen de lo que recauda la provincia, en los productores primarios que están excluidos del pago de Ingresos Brutos, en los cuentapropistas que manejan un Uber o pedalean con una mochila de Pedidos Ya y en cuanto sector social se nos ocurra.
Los mismos que se encargaron de instalar el concepto de “aduana paralela”, son los mismos que miran para otro lado cuando se da la discusión en torno al “costo argentino”. Difícilmente un libertario reconozca en público el ancla que significa para el desarrollo productivo tener un IVA del 21%; cargas sociales por encima del sueldo bruto del trabajador que en términos porcentuales representar entre un 18 y 24% más, y un 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias. Decimos en público, porque en privado lo reconocen. Es más, acompañado de una sonrisa burlona afirman que “es el precio de la libertad”.
En la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento Misionero, el gobernador Passalacqua anunció una medida que retumbó fuertísimo en Buenos Aires y que dejó aturdida a una oposición que vio como se hizo trizas el principal recurso discursivo que tenían para confrontar con el oficialismo. “No habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, afirmó el mandatario misionero.
En términos concretos, la disposición alcanza a 16.000 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, es decir el 95% del padrón queda excluído de ese pago a cuenta.
La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de alivio fiscal. En ese sentido, la Provincia impulsa la ampliación del régimen de proveedores, que corrige superposiciones impositivas para más de 4.900 empresas, y la eliminación de la doble imposición en compras con tarjetas mediante la unificación con el sistema SIRTAC.
En los principales despachos de Buenos Aires toman nota de esta medida de altísimo impacto político. Misiones escuchó el reclamo de la gente y cumplió con su parte, ahora la presión se traslada a la Nación que tiene en sus manos la decisión de darle las herramientas a la provincia para poder competir en igualdad de condiciones con la octava economía mundial (Brasil) y con la economía más emergente de América Latina (Paraguay).
El debate enserio en torno a cuestión impositiva y la presión fiscal nacional está abierto, ahora los misioneros deberán observar con detenimiento quienes realmente buscan el bienestar del pueblo y el desarrollo productivo, y quienes son meros representantes en Misiones de los intereses del poder central.
Por Nicolás Marchiori
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