El Bloque Innovación Federal expresó su disidencia parcial al dictamen de mayoría del proyecto que propone la reforma del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Si bien acompañan el espíritu de la iniciativa en materia de seguridad pública, advirtieron que, en los términos actuales, la propuesta resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable”.
Desde el espacio legislativo señalaron que el proyecto omite establecer de manera taxativa el origen de los recursos necesarios para su implementación. La construcción de centros especializados, la capacitación de equipos interdisciplinarios y el desarrollo de programas socioeducativos demandan partidas específicas que no están contempladas en el texto actual. Según fundamentaron, todo proyecto que implique gasto público debe detallar su fuente de financiamiento, por lo que la ausencia de impacto presupuestario convierte a la norma en una herramienta de difícil cumplimiento efectivo.
Asimismo, manifestaron preocupación por el posible traslado de costos a las provincias. El dictamen —indicaron— impone obligaciones operativas a las jurisdicciones locales sin prever mecanismos de compensación ni transferencias automáticas acordes a la Ley de Coparticipación Federal. En ese sentido, advirtieron que el Estado Nacional no puede delegar nuevas competencias sin garantizar los recursos necesarios, ya que ello podría generar desequilibrios fiscales en las administraciones provinciales.
Otro de los puntos cuestionados es el enfoque punitivo del proyecto sin un fortalecimiento previo del sistema de protección integral de la niñez. Desde Innovación Federal remarcaron que la creación de un fuero especializado requiere presupuesto para designar Defensores Oficiales del Menor, Jueces de Garantías Juveniles y equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese marco, el bloque presentó una propuesta de modificación que incorpora un capítulo específico sobre financiamiento y sostenibilidad federal. Entre los artículos propuestos se establece que los gastos sean financiados íntegramente por el Tesoro Nacional mediante partidas específicas; la creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil con distribución automática a las provincias; la prohibición de transferir competencias sin recursos; y un mecanismo de actualización trimestral de partidas para evitar que la inflación afecte los programas socioeducativos. Además, plantean que la ley entre en vigencia 180 días después de su publicación.
En declaraciones exclusivas para la ANG, el diputado nacional y presidente del Bloque de Innovación Federal, Alberto Arrúa, afirmó: “Nosotros como bloque apoyamos la baja de imputabilidad, porque es la oportunidad de que el Estado pueda contener esa problemática desde más temprana edad; cuidando al menor, a la familia y a la sociedad misionera”.
El legislador agregó: “Pero somos de un espacio político que siempre que se toma una decisión política, se hace con responsabilidad y seriedad, marcando cada punto de la problemática y de qué manera la vamos a abordar y principalmente si esta decisión política va a ser posible llevarla a cabo. Si la Nación no pone a disposición de las provincias los recursos en infraestructura, equipos multidisciplinarios, especialistas en salud mental y educación, es totalmente imposible que esta ley se pueda implementar y va a quedar en algo meramente enunciativo”.
Finalmente, Arrúa sostuvo que la disidencia presupuestaria presentada por el bloque busca aportar “un mecanismo de planificación y compromiso” que permita que la ley, en caso de aprobarse, pueda implementarse de manera real y efectiva, brindando respuestas concretas a las familias.
Dirección y Coordinación General: Walter López
AGENCIA DE NOTICIAS GUACURARÍ
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
RSS