La subsecretaria de La Mujer y la Familia de Misiones, Dra. Sandra Josefina González, dialogó con ANG y Multimedios Génesis sobre el trabajo que realizan desde el área en todo el territorio provincial.
Destacó que «hay distintos programas disponibles para trabajar y un equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales, abogados, psicólogos, médicos, que estamos caminando los 78 municipios de la Provincia».
Todos los programas que se trabajan desde la subsecretaría, están vinculados con otras entidades estatales de la Provincia, como ser, el IPRODHA, el ministerio de Salud Pública, el ministerio de Trabajo y los diferentes municipios; con el objetivo de alcanzar el beneficio a las familias que lo requieran.
El proyecto que se aborda desde el área consta de una variada propuesta de actividades para las comunidades: espacios de talleres para la mujer y la familia, también para adultos mayores, charlas, capacitaciones, herramientas de emprendedurismo y espacios amigos.
Además, el dispositivo se desarrolla en las diferentes instituciones del estado Provincial – escuelas, hospitales, municipios y sectores privados -.
«La base fundamental de este proyecto es la Ley Micaela, que protege a la mujer frente a la violencia por situaciones de género. Nosotros somos los precursores de esa Ley Nacional vigente», expresó la subsecretaria.
De que se trata la Ley Micaela
La Ley 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Capacitarse en perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género, y entender que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y LGBTI+.
Es obligación y responsabilidad del Estado, en todos sus estamentos y poderes, formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas, que no reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas.
Gabriela Marina Cardozo – Multimedios Génesis
Eldorado
ANG AGENCIA DE NOTICIAS GUACURARÍ
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