El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzó a regir en noviembre y ya impacta directamente en el precio de la nafta y el gasoil. A través del Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aplicó una actualización correspondiente a los períodos de 2024, luego de varias postergaciones; además, la medida se da en un contexto de fuertes críticas por la falta de inversión en infraestructura vial y por la creciente discrecionalidad en el uso de los fondos recaudados. Como consecuencia de este ajuste impositivo, los precios volvieron a subir en todo el país: en Misiones, por ejemplo, se registró el décimo incremento del año, con alzas de hasta 2,6% y valores récord en los surtidores. En YPF, la nafta súper alcanzó los $1.589 por litro, la Infiniallegó a $1.789 y el diésel premium a $1.831; mientras tanto, en Shell y Axion, los precios superaron los $1.900 en sus versiones más caras.
El impuesto a los combustibles, creado con el fin de financiar obras viales, se transformó en una fuente de ingresos con escasa transparencia sobre su destino final. De acuerdo con un relevamiento realizado por legisladores, en 2024 solo el 88% de los fondos recaudados fue utilizado en parte para inversiones financieras, principalmente plazos fijos en el Banco Nación y bonos públicos. El sistema que debía garantizar el mantenimiento de las rutas hoy acumula recursos que no llegan al asfalto.
La falta de ejecución se refleja en los números oficiales. El programa “Pavimentación de Rutas Nacionales” alcanzó apenas el 24% de sus metas el año pasado: de los 205 kilómetros planificados, solo se completaron 49. La situación preocupa a las provincias, que denuncian el deterioro del estado de las rutas nacionales y advierten por el incremento de los accidentes viales asociados a la falta de mantenimiento. Algunos gobernadores incluso iniciaron acciones judiciales para reclamar la administración directa de los tramos bajo su jurisdicción.
Mientras tanto, el Gobierno proyecta un incremento significativo en la presión fiscal sobre los combustibles para 2026. Según el proyecto de Presupuesto, el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono será el tributo con mayor crecimiento interanual, con una suba del 72%. La recaudación total pasaría de $4,4 billones en 2025 a $7,6 billones en 2026, lo que implicaría un aumento de 0,23 puntos porcentuales del PBI. Sin embargo, no está previsto que ese incremento se traduzca en una mejora proporcional de la inversión vial.
El Gobierno justifica los aumentos con el objetivo de mantener un sendero fiscal sostenible y recuperar parte del atraso acumulado por la aplicación parcial del esquema de actualización trimestral establecido en 2018. Sin embargo, distintos especialistas advierten que el ajuste se realiza sobre un tributo con fuerte impacto en los precios de los combustibles y, por lo tanto, en el bolsillo de los consumidores y en los costos del transporte.
A nivel provincial, los reclamos se multiplican. Los 24 mandatarios coincidieron en que “se recauda pero no se distribuye” y exigen mayor transparencia y una nueva asignación de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Con rutas cada vez más deterioradas y obras paralizadas, el aumento constante del impuesto a los combustibles evidencia que los fondos recaudados no se traducen en mejoras visibles, volviendo a poner en debate el destino de estos recursos en la agenda económica y política del país.
El aumento vuelve a poner en evidencia una paradoja difícil de justificar: un gobierno que hizo de la baja de impuestos una bandera termina incrementándolos, y además sin garantizar que los fondos recaudados cumplan su propósito original. El tributo, creado para financiar obras viales y mejorar la red de rutas, hoy se utiliza de forma discrecional, mientras los caminos del país muestran un deterioro cada vez más evidente.
Agencia Guacurarí
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