Argentina es uno de los países con mayores disparidades territoriales del mundo. El ingreso por habitante de la Ciudad de Buenos Aires es seis veces mayor que el de las provincias del norte. De esta forma, son muy diferentes las oportunidades para un niño que nace en un lugar u otro.
Dicho esto, las provincias relativamente menos ricas enfrentan un enorme desafío a la hora de proveer de bienes y servicios en la cantidad y calidad equiparable al país central.
Además de desigual, nuestro país es el más descentralizado en términos de gasto del mundo. Esto significa que las provincias y municipios se hacen cargo del 44% del gasto público total, mientras que recaudan el 17% de los recursos totales del Estado consolidado. Esta brecha se cubre con la coparticipación.
La coparticipación, para que se entienda, es el sistema de reparto de los recursos que recauda el gobierno nacional hacia las provincias. Ahora, es importante que no se confunda la recaudación con la propiedad de esos recursos. Si bien los recauda la Nación, no son recursos nacionales. Por el contrario, la Constitución Nacional establece que los recursos se generan de manera concurrente entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) y asigna distintas potestades a cada nivel.
Queda claro que Argentina arrastra desde hace décadas un régimen de coparticipación federal de impuesto que, lejos de fortalecer el federalismo, ha promovido un sistema de dependencia, ineficiencia y gasto descontrolado. Lo que debería ser una herramienta de coordinación armónica entre Nación y provincia, se ha convertido en un mecanismo perverso que fractura la solvencia fiscal y reproduce desigualdades estructurales.
Las fuertes desigualdades territoriales del país, la brecha existente entre los gastos que realizan los gobiernos subnacionales y lo que recaudan directamente, y el hecho de que las potestades de impuestos sean compartidas entre el Gobierno Nacional y las provinciales hace ineludible contar con un sistema de coordinación tributaria y reparto de recursos.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado. El administrativista Juan Carlos Cassagne ya lo advertía, el actual régimen mezcla lo peor de dos mundos: un centralismo recaudador en la Nación con una coparticipación mal diseñada.
La brecha limita el desarrollo de las provincias
En un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de autoría del economista Nadin Argañaraz, analiza en profundidad la distribución de los recursos federales en la Argentina y pone el foco en la capacidad de gasto por habitante derivada de las transferencias automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El completo estudio, que abarca la evolución de estos giros durante los años 2010, 2023 y 2024, confirma una estructura de reparto desigual donde las jurisdicciones con menor densidad poblacional y menores ingresos propios se mantienen como las principales beneficiarias en recursos per cápita.
El informe da cuenta de que las transferencias automáticas, que constituyen el objeto central del análisis, están compuestas por la coparticipación federal de impuestos, diversas leyes especiales y la compensación por el Consenso Fiscal.
Del relevamiento de los datos correspondientes al año 2024 se desprende que las provincias que lideraron la recepción de fondos por habitante fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa.
La disparidad entre los extremos del ranking resulta significativa al cuantificar los recursos recibidos. Según detalla el informe de la IARAF, la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 809% en el último año analizado.
En términos de evolución temporal, el trabajo de Argañaraz expone una dinámica de crecimiento seguida de una retracción reciente. El análisis indica que las transferencias automáticas reales por habitante promedio de las 24 jurisdicciones argentinas experimentaron una suba del 19% entre los años 2010 y 2023. Sin embargo, la tendencia se revirtió entre 2023 y 2024, período en el que se registró un descenso del 12% debido a la caída real de la recaudación nacional coparticipable.
La matemática del desequilibrio que padece Misiones
Misiones es una de las más castigadas en cuanto a reparto de la coparticipación. El informe de la IARAF advierte un retroceso persistente en la provincia, que continúa recibiendo montos inferiores a sus pares regionales y evidencia un deterioro relativo frente a otras jurisdicciones.
Entre 2010 y 2024, Misiones registra una caída acumulada de 4,2% en los ingresos automáticos por habitante, según los números publicados. Es una baja que ubica a la provincia entre las cinco con mayor deterioro en todo el período.
Dentro del Norte Grande, Misiones aparece como la provincia con menor nivel de transferencias automáticas por habitante. Dentro del NEA, la comparación directa con Chaco y Formosa refuerza el deterioro relativo que atraviesa Misiones: ambas lograron variaciones positivas en el período total. Corrientes, por su parte, tuvo una merma del 1,6%.
El esquema actual es el reflejo de una flagrante inequidad en la distribución de recursos por habitantes, siendo Misiones la más perjudicada en una región que en general está desfinanciada por la Nación.
Para hablar en términos concretos, Misiones pierde cerca de $84.000 millones de pesos mensuales comparado con lo que recibe Chaco, quien ostenta la alícuota más alta de la región, siendo que nuestra provincia ostenta la mayor cantidad de habitantes del NEA y en términos de actividad representa a la séptima economía de Argentina. Esta escandalosa diferencia de fondos se traduce directamente en servicios públicos deficientes y menor capacidad de desarrollo regional. Frente a este difícil contexto, el Gobierno de Misiones apela al equilibrio fiscal como bandera política y al uso eficiente de los recursos para poder cumplir con las necesidades más elementales de la población.
Queda claro que la Argentina debe debatir enserio un Régimen de Coparticipación más justo. La dilación de esta reforma, que por mandato constitucional debía haberse llevado a cabo en 1996 y que fue ratificada en el Pacto de Mayo al comienzo de la presidencia de Javier Milei, tiene un costo tangible. La merma de ingresos y la distribución inequitativa genera un desfinanciamiento que obliga a las provincias a limitar aumentos salariales para docentes, policías y personal de salud, situación que afecta directamente a miles de familias misioneras. No sólo eso, también limita la ejecución de infraestructura vital como hospitales, caminos y la necesaria ampliación de red eléctrica para la provincia, por caso la línea de 132 kw Alem – Oberá.
Un verdadero debate sobre la coparticipación no es sólo una disputa por números, es la exigencia de soberanía económica. Los fondos coparticipables son automáticos e intocables, en efecto, recibir lo que corresponde es crucial para la provincia y representa un acto de justicia.
La corrección de esta injusticia fiscal es la madre de todas las prioridades para el desarrollo de Misiones enserio. Es hora de que los misioneros dejemos de recibir menos por el solo hecho de vivir en un provincia condenada a una ley obsoleta.
(*) Por Nicolás Marchiori
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
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