Diputadas del espacio de Cacho Bárbaro cobraron pensiones por discapacidad: “Darle el beneficio a alguien sano por militancia es corrupción”, denunció Gervasoni

El presidente del Instituto Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, realizó fuertes declaraciones en una entrevista radial, donde denunció el presunto uso indebido y politizado de pensiones por invalidez en Misiones. Apuntó directamente contra el candidato a diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, el intendente Cali Goring y legisladoras del Partido Agrario y Social (PAyS) —espacio que lidera Bárbaro—, quienes, según sus dichos, habrían cobrado pensiones por discapacidad mientras ocupaban cargos públicos.

Durante la entrevista, Gervasoni sostuvo que muchas de estas pensiones se habrían tramitado en la oficina de ANSES de Eldorado, con origen en los años 2010, cuando existía —según él— una relación fluida con referentes nacionales del kirchnerismo. Citó como ejemplo el caso de la actual legisladora Blanca Alvez y de la diputada electa Elisa Goring, quienes habrían cobrado pensiones por invalidez mientras ocupaban cargos públicos. “Se hizo abuso de esto”, afirmó, y calificó el mecanismo como “corrupción lisa y llana”.

El funcionario no ahorró críticas hacia Cacho Bárbaro, a quien acusó de haber sido “gestor” de estos beneficios en articulación con Cristina Brítez. Según explicó, estas pensiones eran utilizadas como herramienta de contención y fidelización dentro de la estructura política del espacio. “Era su forma de contener a la tropa”, aseguró.

Gervasoni también cuestionó la actitud de quienes, habiendo sido parte de este sistema, hoy se presentan como referentes morales. “Lo que hicieron es una vergüenza. Tanto él como Cali, la verdad que no tienen perdón”, sentenció, y remarcó que las consecuencias las paga la gente común: familias con hijos discapacitados que esperan durante años para obtener una pensión sin éxito.

El titular del IMaC concluyó que estas prácticas no solo constituyen un acto de corrupción, sino también una verdadera injusticia social. “Es cagarse en la gente”, afirmó, visiblemente indignado. Según dijo, aún podría haber más casos similares si se profundiza la investigación sobre el uso político de los beneficios sociales en Misiones.