En un contexto marcado por la incertidumbre y el deterioro en la implementación de políticas públicas, la situación de las personas con discapacidad en Misiones atraviesa un momento crítico. Así lo refleja el reciente informe del Foro Permanente de Discapacidad y lo confirma la licenciada Tatiana Martínez, representante del Consejo Provincial de Discapacidad, quien advirtió sobre “una emergencia” en el sector.
Retrasos que afectan a toda la cadena de atención
Uno de los principales problemas es la demora en los pagos a prestadores del programa Incluir Salud, lo que impacta directamente en la continuidad de los servicios. “Hace más de cinco meses que hay centros con demoras en los pagos de las prestaciones”, señaló Martínez. “Esto ya está afectando a los profesionales y a toda la cadena de servicios”.
A pesar de que muchos centros continúan atendiendo, lo hacen en condiciones cada vez más difíciles: “Los prestadores sostienen los servicios esperando la promesa de pago del Gobierno Nacional, pero los meses siguen pasando”, explicó.
Falta de medicamentos y ayudas técnicas
A la crisis financiera se suma la falta de insumos esenciales: “Nos urge el envío de medicación de alto costo para pacientes que dependen de ella”, advirtió la funcionaria. “También hay demoras en ayudas técnicas, lo que agrava la situación”.
Este escenario refuerza la declaración de emergencia, ya que compromete tratamientos indispensables para la calidad de vida de los pacientes.
Pensiones insuficientes y sistema tensionado
Actualmente, las pensiones rondan los 300 mil pesos, un monto que resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida: “La cobertura económica es limitada, pero el programa también incluye prestaciones que hoy no se están cumpliendo en tiempo y forma”, indicó Martínez.
Además, la sobrecarga del sistema público es evidente: “Muchas personas sin obra social terminan en la salud pública, generando un cuello de botella en la atención”.
Auditorías necesarias, pero con irregularidades
Si bien desde la provincia consideran necesarias las auditorías para garantizar transparencia, cuestionan la forma en que se realizaron: “Las auditorías deben ser serias y profesionales. Hubo omisiones e incluso mala fe en algunos procedimientos”, sostuvo. “Es fundamental que no se perjudique a quienes realmente necesitan el beneficio”.
Tras una medida judicial, la mayoría de las pensiones fueron restituidas, pero ahora se atraviesa un proceso de reconversión que genera incertidumbre: “No hay información clara sobre cómo se está llevando adelante este proceso”, advirtió.
Datos y acceso a derechos
En Misiones, unas 34 mil personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que garantiza acceso a distintos derechos, como el transporte gratuito.
Sin embargo, la implementación también enfrenta dificultades: “El acceso al transporte depende hoy del esfuerzo de los gobiernos locales, como el municipio de Eldorado, que financia este derecho ante la retirada de Nación”, explicó.
Demoras en nuevos trámites
Otro de los reclamos frecuentes es la lentitud en el otorgamiento de pensiones: “Hay muchas demoras. Recomendamos que los beneficiarios se comuniquen directamente con la Secretaría Nacional de Discapacidad para hacer seguimiento”, indicó Martínez.
Un sistema en tensión
La situación actual expone una combinación de factores: retrasos en pagos, falta de insumos, incertidumbre administrativa y una creciente demanda sobre el sistema público. “Estamos en una situación crítica donde las políticas no se están implementando en tiempo y forma”, resumió Martínez.
El desafío, coinciden desde el sector, será garantizar financiamiento, transparencia y continuidad en las prestaciones, evitando que las personas con discapacidad queden aún más vulneradas en sus derechos.
Gabriela Marina Cardozo – Multimedios Génesis – Eldorado
Proyecto Mujeres Guacurarí en Acción
ANG Agencia de Noticias Guacurarí
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