La brecha ya no es cambiaria sino entre relato y realidad

Argentina atraviesa un tramo complejo de su historia económica, donde la macro se muestra ordenada, pero la micro exhibe grietas profundas. La brecha ya no es cambiaria sino entre el relato y la realidad: la producción no crece, las empresas cierran, el empleo se achica y los ingresos se estancan. Cada cierre reduce facturación, tributos y la masa coparticipable que luego llega a las provincias; jurisdicciones como Misiones, que recibe alrededor del 3,4%, sienten directamente el impacto en hospitales, escuelas y seguridad. La ortodoxia y la luna de miel electoral lograron estabilidad en los números, pero la distancia entre discurso y realidad se agranda día a día.

La administración nacional enfrenta también tensiones políticas internas: ruidos dentro del Ejecutivo, sospechas de corrupción y la constante y dubitativa defensa de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reflejan fragilidad. En este contexto, las encuestas ya muestran descontento creciente, mientras la microeconomía exige soluciones concretas que aún no llegan, y el escenario internacional —con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán encareciendo la energía— agrega presión sobre la estrategia antiinflacionaria oficial, mientras que la resolución favorable en el caso YPF sirve como triunfo simbólico dentro de un panorama más amplio de dificultades.

En esta línea, la desaceleración local se evidencia en la caída del consumo, el aumento del desempleo —especialmente en zonas industriales— y la pérdida de competitividad que deriva en cierres de fábricas y reemplazo por importaciones. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), del centro de estudios Fundar, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), información de la Secretaría de Trabajo (en base al SIPA) y relevamientos de la Unión Industrial Argentina, desde la asunción de Milei más de 22.600 empresas dejaron de operar, afectando empleo formal y recaudación tributaria, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos muestran crecimiento.

El caso de FATE funciona como un “caso testigo” del deterioro industrial. El cierre de su planta en San Fernando por pérdida de mercado frente al aumento de importaciones muestra que no solo las pymes sufren, sino también grandes empresas estratégicas para el entramado productivo. Los altos costos de producción, la caída del consumo y la dificultad para sostener ventas evidencian que la reforma laboral no alcanza y que el verdadero desafío es evitar un cierre masivo de firmas, con ejemplos concretos en Córdoba donde desaparecen entre cinco y siete empresas por día.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, alertó sobre la magnitud de la crisis. Señaló que más de 22 mil empresas dejaron de operar desde la asunción de Milei y que, si la tendencia continúa, podrían desaparecer hasta 50 mil, afectando hasta medio millón de empleos formales. Denunció que la baja inflacionaria se consigue debilitando la industria y el comercio y advirtió sobre la falta de un plan para reinsertar laboralmente a quienes pierden su trabajo, lo que incrementa la informalidad y la incertidumbre en todo el sector.

Cuando una empresa cierra, no solo se pierden empleos: se pierde facturación, recaudación y, finalmente, masa coparticipable. Cada pyme o industria que baja la persiana reduce impuestos, IVA y Ganancias que luego se distribuyen entre las provincias. Misiones, que recibe aproximadamente el 3,4% de esa masa coparticipable, sufre directamente la reducción de recursos, lo que impacta en hospitales, escuelas, seguridad y asistencia social. Cada cierre afecta a la caja de la provincia y a su capacidad de atender lo cotidiano. La prórroga de los programas Ahora hasta junio, con reintegros mayores y topes ampliados, la operatoria de alivio financiero para trabajadores públicos, jubilados y pensionados, la promoción de eventos comerciales como El Reventón Posadas y la Exposición Agroindustrial de Oberá, la continuidad de políticas de salud y la presencia territorial en distintos puntos de Misiones buscan amortiguar los efectos de la caída de la coparticipación y sostener la actividad económica.

La gestión provincial entiende que la crisis no distingue jurisdicciones ni colores políticos. Por eso, cada decisión se basa en equilibrar escasez y necesidades crecientes, porque la Nación produce menos, vende menos y distribuye menos. La estrategia misionera se centra en amortiguar el golpe con medidas concretas, y al mismo tiempo reforzar la explicación al ciudadano sobre cómo el cierre de empresas nacionales afecta directamente el día a día provincial.

Nada de esto alcanza para resolver la crisis estructural. Ningún alivio financiero reemplaza un salario, ninguna feria compensa la caída de poder adquisitivo y ningún programa suple la contracción de la economía real. La sociedad lo sabe, y la paciencia se agota al ritmo del achicamiento de la coparticipación. La política enfrenta su obligación más básica: cuidar, sostener, escuchar, priorizar y explicar, mientras los recursos escasean y la demanda social crece.

El efecto del cierre de FATE y de las más de 22 mil empresas en los últimos dos años revela la profundidad del problema. Cada cierre implica menos actividad económica formal, menos recaudación y menos coparticipación, un círculo que golpea directamente a Misiones. Con menos recursos, todo se vuelve más difícil: pagar sueldos, sostener hospitales, financiar escuelas, reforzar seguridad y mantener políticas públicas que amortigüen la crisis.

En este escenario, la atención territorial, la continuidad de políticas sociales y la presencia en la provincia se convierten en la única forma de responder a un país que ajusta, recorta y enfría.

La conclusión es clara y dura. Cada empresa que cierra no pierde solo su lugar de trabajo: pierden las provincias en su conjunto. Cada caída de actividad y cada reducción de coparticipación profundizan la crisis local y condicionan todo lo que depende de recursos nacionales. El pequeño triunfo estratégico en YPF evita un pago millonario y fortalece la narrativa oficial, pero no alcanza para revertir la caída de la actividad industrial ni los cierres de empresas.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.