En el marco del proceso de adecuación al nuevo paradigma normativo en materia penal juvenil, el Poder Judicial de la Provincia de Misiones dio inicio, este martes 7 de abril, a una serie de encuentros institucionales orientados a definir una línea inicial de actuación que permita una implementación progresiva, coordinada y efectiva del nuevo sistema.
La primera reunión estuvo encabezada por el Ministro de enlace con el fuero penal, Juan Manuel Díaz, quien, acompañado por su pares los Roberto Rubén Uset y Valeria Fiore Cáceres, recibió a operadores judiciales del ámbito penal, entre ellos jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos, con el objetivo de generar un espacio de escucha activa e intercambio directo sobre los desafíos que plantea la transición.
En ese marco, el Ministro destacó que “el objetivo que nos convoca ha sido claro desde la convocatoria: avanzar en el proceso de implementación del nuevo régimen penal juvenil, en el marco de la Ley 27.801, que entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre. Este plazo nos brinda un margen necesario para planificar, organizar y proponer las adaptaciones institucionales que el Poder Judicial deberá encarar”.
El nuevo marco normativo implica un cambio sustancial en el abordaje de la justicia penal juvenil, dejando atrás el modelo inquisitivo y tutelar para dar lugar a un sistema acusatorio y garantista, que prioriza la resocialización de los jóvenes y el respeto irrestricto de sus derechos. En este sentido, se incorporan principios rectores como la legalidad, la razonabilidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad y el derecho de defensa desde el inicio del proceso.
En relación a este cambio de paradigma, Díaz subrayó que “las particularidades del nuevo régimen, en especial la ampliación del universo de personas alcanzadas, exigen una mirada más atenta, más comprometida y sostenida en relación con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Este proceso de transformación se alinea, además, con estándares internacionales en la materia, particularmente con los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, fortaleciendo el compromiso institucional con una justicia más equitativa, especializada y respetuosa de las garantías fundamentales.
La estrategia de intervención diseñada contempla ejes centrales como la especialización de los operadores judiciales, el fortalecimiento de los equipos técnicos y la implementación de la figura del Supervisor como actor clave en el acompañamiento y los procesos de resocialización. Asimismo, se promueve la articulación interinstitucional y la construcción de una red de trabajo sostenida entre los distintos organismos involucrados.
En este sentido, el Ministro remarcó que “se trata de una estrategia colaborativa y participativa, que procura apoyarse en el principal capital con el que contamos: nuestros recursos humanos, su experiencia y su compromiso”, destacando además que esta primera etapa tiene como finalidad “escucharnos entre nosotros y, especialmente, escuchar a quienes hoy sostienen el funcionamiento del sistema y deberán afrontar el desafío de su transformación”.
Como parte de este proceso, se prevé la elaboración de un protocolo de actuación consensuado y un cronograma de ejecución previo a la entrada en vigencia de la ley, lo que permitirá no solo una adecuación administrativa, sino también la consolidación de capacidades operativas concretas dentro del sistema.
El plan de acción ha sido estructurado en cinco fases progresivas que organizan el desarrollo de esta política institucional. La primera etapa está centrada en la escucha activa y la convocatoria a una Mesa Interinstitucional, incluyendo reuniones con los distintos actores del sistema judicial y la elaboración de una nómina preliminar de organismos participantes, tal como ocurrió en esta jornada que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales en Posadas.
En una segunda fase, se avanzará en el diagnóstico integral mediante mesas técnicas temáticas, donde se relevarán recursos existentes, se identificarán brechas y se abordarán aspectos vinculados a derivaciones, mediación, salud, educación y trabajo, entre otros dispositivos especializados.
Posteriormente, se desarrollará la redacción de un protocolo integral y la definición de circuitos mínimos de actuación, junto con la designación de responsables funcionales. Este documento será luego sometido a una instancia de validación y consenso interinstitucional, que permitirá su aprobación formal y la asunción de compromisos operativos por parte de cada organismo.
Finalmente, la última etapa contemplará instancias de capacitación, simulación de circuitos, elaboración de instructivos y ajustes operativos, culminando con la entrada en vigencia del sistema y un período de monitoreo durante los primeros noventa días.
A modo de cierre, Díaz señaló que este proceso “no puede ser transitado en soledad, sino que requiere del compromiso y la construcción conjunta entre todos los actores involucrados”, reafirmando la decisión institucional de avanzar en una implementación planificada, participativa y acorde a las realidades locales.
De esta manera, el Poder Judicial avanza en la construcción de un modelo de justicia penal juvenil más moderno, articulado y centrado en las personas, con una fuerte impronta en la garantía de derechos y la reintegración social.
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